Seis muertos a cambio de un aumento salarial. Esa idea nefasta perdurará por mucho tiempo en el imaginario social. La fractura entre los tucumanos y la Policía es cada vez más profunda y será muy difícil repararla, suponiendo que existiera esa voluntad. Hasta ahora, el gobernador José Alperovich ha mostrado que no tiene intenciones de corregir nada. Y si las tiene, no sabe cómo. Frente a una tragedia como no se vivía en muchos años, la única medida que tomó Alperovich fue cambiar al jefe de Policía, Jorge Racedo. Para colmo, en su lugar nombró a Dante Bustamante, que está mencionado en causas de hijos del poder: el caso Marchese y el caso Lebbos. Más allá de las charreteras que pueda exhibir Bustamante, su nombramiento puede sonar, como mínimo, inoportuno.
Hay una historia circular que se repite hasta el hartazgo en esta gestión. Todo policía o funcionario vinculado a alguna causa de impunidad, cuando es removido (algo excepcional en Alperovich, obcecado en bancar ineptos durante años) termina como asesor en algún despacho.
La incapacidad que vienen exhibiendo el gobernador y su gabinete para pilotear cada crisis que se presenta es reconocida hasta por los propios funcionarios. El ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, admitió que no es experto en seguridad. Pese a ello, Alperovich lo mantuvo siete años en el cargo, mientras la inseguridad crecía de forma galopante.
La inseguridad es un tema muy sensible para la sociedad. Prácticamente no queda un solo tucumano que no haya sido víctima de algún delito. Y el miedo es combustible. Frente a este panorama desolador se suman los casos de impunidad y de encubrimiento y la sensación de que los únicos seguros en esta provincia son los delincuentes.
El contrato social con la Policía se había roto antes del 9 de diciembre. Todos los días decenas de tucumanos viven experiencia aterradoras y algunos han perdido la vida a cambio de un celular o un par de zapatillas. Lo que cambió esta semana es que ese pánico se extendió al millón y medio de tucumanos durante 48 horas, lo que no será fácil de olvidar.
La Policía volvió a demostrar que no controla la seguridad pero sí controla el delito. Cientos de motochorros se activaron aceitadamente para hacer lo que hacen todos los días, sólo que esta vez coordinados y organizados. Un video publicado por LA GACETA muestra a unas 300 motos avanzando por avenida Mate de Luna, el lunes a la noche, más ordenados que una división de infantería motorizada.
Bastan un par de ataques quirúrgicos para instalar el caos social. La paranoia, esa desestabilizadora implacable, hace el resto.
Alperovich tardó 24 horas y tres muertos en dar la cara para decir casi nada o, lo que es más grave, que no sabía que hacer. Otras 24 horas más tarde, ya con cinco muertos (ahora seis), 150 heridos, algunos muy graves, y más de 250 comercios destruidos, volvió a aparecer y cambió al jefe de Policía. Nada que sorprenda en alguien que en 10 años ni siquiera pudo correr a los vendedores de películas truchas de las peatonales.
Frente a este panorama desolador de un Estado ausente e incapacitado para proteger a su gente, los tucumanos esperaban al menos una mano de la Nación. Por el contrario, la Presidenta devolvió una cachetada. Sólo se preocupó por aclarar que los saqueos no eran consecuencia de la pobreza, sino producto de extorsionadores y desestabilizadores. Por lo demás, cuídense solos. Y ese es el mensaje que más preocupa: cada vez hay más armas en la calle, cada vez hay más miedo, cada vez hay más bronca y, a la par, un Estado incompetente y aturdido.